Curso 2017 "Formación Interdisciplinaria en Violencia Familiar"

Comienzo:
Jueves 3 de Agosto
a las 18.30hs
Del Maltrato Infantil a la Violencia Conyugal
2º Curso de Formación

Comienzo:
Martes 8 de Agosto
a las 18.30hs
Vivencias y testimonios sobre violencia familiar
TEMARIO vivencias CURSOS ACTIVIDADES
El hábito de culpar a las víctimas

En América latina, policías, jueces y fiscales suelen maltratar a las mujeres que padecieron violencia. Pesan aún conductas de discriminación y una tendencia a la impunidad de dramas que erróneamente se consideran privados.

Por Víctor Abramovic* para Clarín

Ana" fue violada en un país de América. El agresor fue exonerado de toda culpa porque la Justicia concluyó que ella consintió la relación sexual. "Ana", cuyo verdadero nombre nos reservamos, es una niña sordomuda de 12 años de edad.

En otro país de la región, la familia de "Silvia" recurrió a la Justicia por otro caso de violación. El tribunal concluyó que "las únicas víctimas" en el caso de violación "fueron los agresores sexuales, quienes no sabían que atacaban a una mujer con problemas mentales".

Estas sentencias son dos ejemplos del preocupante patrón de impunidad que rige en muchos países americanos para los casos de violencia contra las mujeres.

El informe "Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", publicado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela una situación alarmante en el continente. Muestra, por ejemplo, que policías, jueces, fiscales y otros funcionarios del Estado maltratan a las mujeres que fueron víctimas de violencia porque también ellos están influidos por los patrones socioculturales de discriminación prevalecientes en las sociedades americanas.

El informe recoge ejemplos de funcionarios judiciales que culparon a las propias víctimas por lo que les sucedió, argumentando que fue por "su estilo de vida, por la ropa que usan, o por las horas en que están en la calle", como si de alguna manera esto justificara asesinatos, violaciones y golpizas.

Un ejemplo de esto fueron las declaraciones de autoridades que, al referirse a la crisis de asesinatos de mujeres en una ciudad, afirmaron que las víctimas "utilizaban minifaldas, salían de baile, eran fáciles o prostitutas". Los familiares de mujeres asesinadas en diversos países atestiguan que las autoridades los tratan con indiferencia y hasta hostilidad. Cuando mujeres golpeadas o violadas intentan denunciar los hechos, son maltratadas, estigmatizadas y humilladas socialmente.

Este tratamiento inaceptable también suele ocurrir con las mujeres víctimas de violencia doméstica, porque las fuerzas policiales y los sistemas judiciales suelen calificar estos casos como "problemas privados" o "asuntos pasionales" que deben ser resueltos sin la intervención del Estado. La discriminación de género en las dependencias estatales revictimiza a las mujeres, dejándolas sin ninguna instancia a la que recurrir en búsqueda de un remedio efectivo para situaciones muchas veces desesperantes.

En muchos países también fracasa la función cautelar del Estado: muchas mujeres que acuden a las autoridades en búsqueda de protección porque fueron amenazadas son igualmente asesinadas. En muchos casos sufren agresiones mortales pese a contar con órdenes judiciales que disponen su protección.

Estos homicidios podrían ser evitados si las autoridades encargadas hicieran correctamente su trabajo y dispusieran las medidas adecuadas.

Si bien muchos países han avanzado en la adopción de legislación específica sobre el tema, el informe exhibe una brecha entre las leyes y el acceso efectivo de las víctimas a medidas y políticas efectivas de protección. Así, entre los múltiples obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a la Justicia, el informe menciona la carencia de unidades especializadas y capacitadas en las fiscalías, los tribunales y la policía; la inexistencia de instancias judiciales en zonas rurales, pobres y marginadas, así como la falta de abogados de oficio para representar y defender a mujeres con escasos recursos financieros.

A la discriminación de género se suma, en el caso de las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas, el problema del racismo en las estructuras estatales.

La gravedad de la situación amerita un grito de alarma. La incapacidad de los sistemas judiciales de numerosos países de América para brindar protección accesible, adecuada y efectiva, así como el patrón de impunidad existente, propician la perpetuación de la violencia contra las mujeres como un hecho socialmente aceptado en gran parte de la región. Esto debería motivar una reacción urgente por parte de los Estados, orientada a mejorar el funcionamiento de sus sistemas de justicia y a profundizar sus políticas de igualdad, a fin de cumplir con el deber de asegurar a todas las mujeres el derecho a vivir libres de violencia.

En las últimas décadas se ha avanzado en todo el continente hacia una mayor igualdad de género. Si bien estos avances se han traducido en importantes modificaciones en las legislaciones y en las políticas de gobierno, aún nos resta modificar los patrones sociales y culturales que favorecen la subordinación de las mujeres en nuestras sociedades.

* Comisionado y relator sobre derechos de las mujeres, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OE

Fuente: Diario Clarín - Tribuna

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